España hace aguas, y no por el tiempo, que es malo; hace aguas porque nadie ha querido nunca ponerle el cascabel al gato (por que nadie quería un gato con cascabel) y ahora no queda más remedio que arremangarse y al bicho.
Con una economía que ya no sabe en qué agujero esconderse, el sistema de pensiones tocado, el paro a niveles totalmente deformes, ahora llega el turno a la organización territorial y política.
España, con unos 50 millones de habitantes, tiene una administración del Estado, una administración Autonómica, y una adminstración Local. Tres administraciones que, lejos de convivir, pelean por el dinero y las competencias. Administraciones (en autonómicas y locales sobre todo) en las que el caciquismo más puro lleva campando a sus anchas durante años y años, y más años. Hoy llega a los periódicos el caso de Ourense, una provincia de las más pobres del estado en la que la Diputación Provincial (una especie de remanente del franquismo organizativo) genera el 40% del empleo de la provincia a base de contratar a cientos de trabajadores para las tareas más especiales, docenas de chóferes, bedeles, operarios de mantenimiento... toda una nube de gente, que, en su mayoría, no pisan el trabajo ni una vez al mes.
Puestos ocupados por amigos de los amigos, a cambio de favores políticos. Pero no os penséis que esto es el único caso, pasa igual en todos los Ayuntamientos y en todas las Diputaciones, en la Autonómica y hasta en el estado.
Es muy probable que, si la administración de reformase y dejase a la gente que quiere trabajar en serio y se deshiciese de todos esos lastres, el paro alcanzaría cuotas del 30%.
Dicho de otra forma, el empleo público en España lleva lustros permitiendo todo tiempo de desmanes, y ahora los van a cortar de raíz, simplemente porque no tienen dinero para pagarlos.
Y a falta de desarrollar la nueva ley de los trabajadores públicos, tengo la sensación que ésta va a ser una ley dura, muy dura.
Con una economía que ya no sabe en qué agujero esconderse, el sistema de pensiones tocado, el paro a niveles totalmente deformes, ahora llega el turno a la organización territorial y política.
España, con unos 50 millones de habitantes, tiene una administración del Estado, una administración Autonómica, y una adminstración Local. Tres administraciones que, lejos de convivir, pelean por el dinero y las competencias. Administraciones (en autonómicas y locales sobre todo) en las que el caciquismo más puro lleva campando a sus anchas durante años y años, y más años. Hoy llega a los periódicos el caso de Ourense, una provincia de las más pobres del estado en la que la Diputación Provincial (una especie de remanente del franquismo organizativo) genera el 40% del empleo de la provincia a base de contratar a cientos de trabajadores para las tareas más especiales, docenas de chóferes, bedeles, operarios de mantenimiento... toda una nube de gente, que, en su mayoría, no pisan el trabajo ni una vez al mes.
Puestos ocupados por amigos de los amigos, a cambio de favores políticos. Pero no os penséis que esto es el único caso, pasa igual en todos los Ayuntamientos y en todas las Diputaciones, en la Autonómica y hasta en el estado.
Es muy probable que, si la administración de reformase y dejase a la gente que quiere trabajar en serio y se deshiciese de todos esos lastres, el paro alcanzaría cuotas del 30%.
Dicho de otra forma, el empleo público en España lleva lustros permitiendo todo tiempo de desmanes, y ahora los van a cortar de raíz, simplemente porque no tienen dinero para pagarlos.
Y a falta de desarrollar la nueva ley de los trabajadores públicos, tengo la sensación que ésta va a ser una ley dura, muy dura.
